¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, siendo el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que contiene disposiciones específicas destinadas a proteger a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú surgió tras constatarse la necesidad de alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso señalados en el Principio 10 de la Declaración de Río, entendiendo que tales derechos permiten abordar eventuales conflictos socioambientales desde sus inicios, contribuyendo a un proceso de toma de decisiones que goce de un robusto respaldo ciudadano, aporte a la estabilidad y paz social, y al desarrollo sostenible. De esta forma, el Acuerdo representa una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia ambiental, los derechos humanos y la protección ambiental, y también para el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Como lo reconoce la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), secretaría del tratado, este instrumento constituye un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, reflejando la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. El Acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, y su primera Conferencia de las Partes (COP) tuvo lugar entre el 20 y el 22 de abril de 2022 en Santiago de Chile. Nuestro país es Estado Parte del tratado desde el 11 de septiembre de 2022.
En la actualidad, 24 países lo han firmado y 16 países son Estado Parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y las Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
El máximo órgano deliberativo y de decisión del Acuerdo de Escazú es la Conferencia de las Partes o COPS, integrada por los países que lo han ratificado y cuenta, además, con la significativa participación del público. Entre sus funciones está examinar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo.
Más información sobre el Acuerdo de Escazú
Si quieres saber más sobre el Acuerdo de Escazú dirígete a https://escazu.mma.gob.cl/
Para hacer una denuncia por vulneración de derechos de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales
El protocolo de protección para personas defensoras de DDHH en asuntos ambientales, busca establecer un mecanismo de articulación interinstitucional para que estas personas, grupos u organizaciones puedan actuar sin amenazas o restricciones, de manera que puedan actuar en un entorno seguro y propicio.
Son personas defensoras de derechos humanos todas aquellas que, individual o colectivamente, actúan para promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos.
Si requieres hacer una denuncia por vulneración de derechos de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y para que se active el protocolo de protección a estas personas sigue los lineamientos proporcionados por la Subsecretaría de Derechos Humanos: https://www.derechoshumanos.gob.cl/protocolo-de-proteccion-a-las-personas-defensoras-de-derechos-humanos/
Baja el formulario y envíalo a protocolodefensores@minjusticia.cl
Compromisos del Ministerio de Energía respecto al Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú (PIPE)
- Analizar líneas de trabajo posibles para garantizar el acceso a información relevante a población especialmente vulnerable o indígena.
- Mejorar procesos de convocatoria y difusión de información previa para los procesos participativos que realiza el Ministerio para elaboración de instrumentos y políticas públicas, permitiendo entregar mejor información previa para la actividad y llegar a grupos de especial protección.
- Mejorar mecanismos de comunicación, información y reclamos de forma o fondo respecto a la toma de decisiones final en procesos participativos para elaborar políticas públicas.
- Mejorar mecanismo de reclamos y resolución de controversias disponible en web del Ministerio para cumplir con el estándar adecuado y mejorar su difusión.
- Difundir a través de los canales comunicacionales del Ministerio de Energía los contenidos sobre herramientas de acceso a la justicia estatales y no estatales, jurídicos y extrajudiciales.
- Difundir en página web del Ministerio y en todas las instancias de nuestra competencia mecanismos o programas especiales para la prevención y protección de personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Mecanismo de reclamos y resolución de controversias empresa - comunidad del Ministerio de Energía en el marco de Escazú
¿Qué son y qué buscan los procesos de diálogo?
Los Procesos de Diálogo promovidos por la División de Participación y Diálogo buscan establecer un marco de interacción entre los grupos de interés, que reduzca las asimetrías existentes y promueva una relación armónica con el territorio donde se instalan y que contribuyan a su desarrollo.
De la misma forma, se busca identificar el tipo y grado de participación que se requiere en el desarrollo de los proyectos de energía, y promuevan el diálogo y la construcción de acuerdos sostenibles entre los distintos actores y comunidades que comparten con el territorio.
La Participación Ciudadana en las políticas públicas fortalece la democracia y permite que los resultados de las distintas iniciativas del Estado sean una respuesta real a las necesidades de las comunidades. Un desarrollo energético inclusivo y sustentable va de la mano de una mayor participación de la ciudadanía en la generación de políticas y estrategias.
Los proyectos de energía se desarrollen compatibilizando las dimensiones sociales, ambientales y económicos, minimizando sus impactos en estas esferas y respetando sus derechos, se busca:
- Promover que los proyectos de inversión energéticos se desarrollen en forma sostenible y acorde a los estándares internacionales, que generen una relación armónica con el territorio donde se instalan y que contribuyan a su desarrollo.
- Establecer un marco de interacción entre las empresas de energía, comunidades, autoridades (locales y regionales) y Estado, que reduzca las asimetrías existentes y promueva el respeto de los derechos de las partes. De la misma forma, que identifique el tipo y grado de participación que se requiere en el desarrollo de los proyectos de energía, y promueva el diálogo y la construcción de acuerdos sostenibles entre los distintos actores y comunidades que comparten con el territorio.
Si requieres ingresar un reclamo o necesitas avanzar en la resolución de controversias relacionadas con proyectos energéticos, en la relación empresa – comunidad completa el siguiente formulario.
